Ayer, en un episodio que deberÃa haber sido un ejercicio de democracia, la región costera de Ecuador fue escenario de una maniobra intimidatoria sin precedentes durante las elecciones presidenciales de 2025.
Los Grupos Delictivos Organizados (GDOs) tomaron medidas drásticas, exigiendo a los ciudadanos que enviaran fotos de sus papeletas de votación marcadas en favor del partido Revolución Ciudadana (RC), bajo la amenaza constante de estar bajo vigilancia.
Los mensajes, difundidos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajerÃa, no dejaban espacio para la duda: votar por otro partido que no fuera RC acarrearÃa consecuencias severas. Entre las amenazas más aterradoras, se mencionaba que cualquier intento de informar a las autoridades o realizar denuncias públicas serÃa respondido con una escalada de violencia, incluyendo "vacunas" (extorsiones), secuestros y un aumento en las acciones delictivas.
Esta situación no solo puso en riesgo la integridad de las elecciones sino que también planteó una pregunta inquietante sobre la libertad y seguridad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto. La intimidación fue tan palpable que muchos temieron por sus vidas y las de sus familias, convirtiendo lo que deberÃa ser una decisión personal y secreta en un acto de sumisión forzada.
Este acto de coacción ha encendido una alarma sobre la necesidad de proteger la democracia de las influencias malignas. Es un recordatorio sombrÃo de que la lucha por una elección libre y justa es continua y que requiere de la acción decidida de todos los sectores de la sociedad. La transparencia, la protección de los denunciantes y un compromiso firme con la seguridad electoral son ahora más urgentes que nunca.
Ayer no fue solo un dÃa de votación; fue un dÃa en que la democracia ecuatoriana estuvo bajo asedio. Ahora, más que nunca, es crucial que nos unamos para defender nuestro derecho al voto libre, asegurando que tales prácticas no vuelvan a manchar nuestras elecciones y que cada ciudadano pueda votar sin el miedo a represalias. La lucha por la justicia electoral ha comenzado, y es una batalla que debemos ganar para preservar la esencia de nuestra democracia.
